Nada más producirse el fallido intento de desalojo de un piso del Raval por parte de la empresa especializada Desokupa, un representante del distrito de Ciutat Vella se refirió al episodio como , "métodos impropios" y como un procedimiento "irregular". Mas el Ayuntamiento de Barna insiste ahora en que está "estudiando la legalidad" de la actividad de esta empresa que supuestamente media al lado de la vía judicial para recuperar domicilios ocupados sin contrato o bien por los que no se paga alquiler. Ni siquiera los abogados consultados por este diario coinciden en el diagnóstico, puesto que la percepción de la intimidación o coacción es tan sutil como para bordear la ley.
El ayuntamiento dirigido por la alcade Ada Colau, con pasado activista contra los desahucios, dice estar examinando los procedimientos de Desokupa para establecer si están en la legalidad. Mas, según fuentes municipales, en caso de tratarse de una práctica incorrecta no sería el consistorio quien tendría que intervenir sino más bien la Inspecció Territorial de Treball de la Generalitat, al corresponder al campo de la compañía. Por el momento, a los Mossos no les constan demandas de inquilinos que hayan podido ser coaccionados. La pelota semeja estar en el tejado de nadie, a pesar de la alarma social.
Los abogados del ICAB consultados, aunque cuestionen las prácticas de empresas como Desokupa, tienen claro que es preciso agilizar la vía judicial pues el dueño está hoy día bastante desamparado por la ley. La situación acostumbra a ser "desesperante para el propietario", sostiene la penalista Mireia Balaguer, puesto que el proceso civil por un desahucio puede ser muy lento, y la vía penal por una usurpación también lleva su tiempo. Además, el código penal la considera como un delito leve, y en cambio es concluyentes si un dueño se toma la justicia por su mano: uno no puede cambiar la cerradura ni recuperar un piso por su cuenta. Marta Lejarreta agrega que si la solución fuera más diligente, no llegarían a irrumpir estos desalojos paralelos, "pero si se tarda 1,5 años en llegar a recobrar un piso" hay quien busca soluciones por su cuenta. En el caso del Raval, los ocupantes habían sido inquilinos legales durante un tiempo, y tras perder la residencia volvieron a ella. Después de más de un año residiendo en el inmueble sin pagar, tienen juicio por el caso el próximo noviembre.
En este barrio fue donde , en la calle de la Cera, destapó el modus operandi del servicio que lidera el empresario Daniel Esteve. Los vecinos y activistas de la zona frustraron entonces el desalojo, muy distinto al que Desokupa hizo en Gràcia en el mes de abril, donde el perfil era de casa okupada grupalmente. En el Raval se trataba de inmigrantes filipinos que no pagaban por el piso.
Para Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barna (ICAB), la actividad de la compañía en los términos de intermediadora en que se promociona en la red, abogando por pactos y sin procesos legales, aparenta ser correcta. La ley es clara al contemplar solo el acuerdo amistoso o la vía judicial en estos procesos. En cambio, un desalojo sin consentimiento o con coartes habría de ser puesto en conocimiento de la policía o bien la fiscalía al "alterar la posesión" del domicilio. "Cualquiera que se sienta intimidado debe denunciarlo" para que el juez establezca si es o no ilegal.
Con amenazas o bien entrando en el domicilio no habría dudas, pero ¿basta la solidez de los trabajadores de Desokupa, su pelo rasurado, los tatuajes en ciertos casos o bien su presencia en grupos de 4 o 5 para resultar intimidatoria? Mireia Balaguer, penalista del ICAB, considera que la estética sí es relevante, y que no es exactamente lo mismo recibir una visita de un representante de la propiedad con traje y corbata que con el mentado aspecto, capaz de suscitar temor al ocupante. Meridianamente sería "coacción" ubicar a un individuo en el portal de la finca controlando el paso, como sucedió en la calle de la Cera. Uno de los inconvenientes de estos intentos de desalojos es la dificultad de identificar al autor de las coartes, insiste. De ahí que, los vecinos de la finca solicitaron a los mossos en el mes de agosto que identificara al conjunto de Desokupa.
La vocal de la sección de Derecho Civil del ICAB Marta Lejarreta sostiene que estas situaciones se dan hace unos años, aunque sin el formato de empresa explícitamente dedicada al desalojo. Coincide en que el miedo podría ser irracional y que basta con "generar la sensación" para que se genere la coacción, según su actitud. Otra penalista experta en estos casos acepta la complicad de evaluar la actividad: "Yo lo vería como coacción y como asociación ilícita para un delito" (en especial en el caso de Gràcia, donde apreciaría allanamiento), mas no sé si ganaría un pleito", medita, ante las aristas del caso.
No obstante, en esa sutil frontera es determinante que el ocupante denuncie, algo que no suele ocurrir por el hecho de que quien vive ilegalmente en una vivienda (muchas veces colectivos frágiles) no suele recurrir a la policía, a menos que medie alguna entidad, como en el Raval.
Desde la política, hasta ahora solo ha movido ficha un diputado del PSC al pedir al Parlament que investigue de Desokupa y denunciar sus "vínculos con la extrema derecha".
1- DESALOJO FORZOSO EN GRÀCIA. 8 hombres de la compañía Desokupa se presentaron en Can Dimoni, en Gràcia, con un cerrajero aprovechando que los okupas que llevaban meses instalados habían salido el pasado abril. Estos aseguran que fue destruido una parte del inmueble para imposibilitar su uso. Los Mossos conocieron entonces su existencia, afirman.
2- SURGE LA CAMPAÑA STOP DESOKUPA. Alertados por esta nueva vía de desalojo rápido, ciertos activistas crearon la campaña Stop Desokupa, desde cuyo blog se anima a denunciar a los afectados por Desokupa y se ilustra sobre este y el caso del Raval. El colectivo afirma desconocer que existan decenas y decenas de casos como los que afirma haber llevado a cabo la compañía.
3- EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN LA MEDIACIÓN. Recomienda a los propietarios que padezcan una okupación o bien un proceso de impago que asistan al servicio municipal SIPHO que interviene en estos casos, ofertando también mediación y asesoría a quienes están del otro lado, al filo del desahucio. Solicitan que no se recurra a vías de desalojo cuya legalidad está en estudio.
4- CiU ANIMA A DENUNCIAR Y CRITICA A COLAU. El concejal Joaquim Forn, portavoz de CiU en el consistorio, solicita que se denuncie cualquier coacción o bien intimidación sea de empresas o particulares. Abre una reflexión a que ciertos confíen más en una empresa que en la justicia, si el ciudadano no se siente protegido. abogado extranjeria Y si Colau ha hecho que aumente "la sensación de impunidad de los okupas".
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